Dirección estratégica y meritocracia para modernizar las empresas públicas bolivianas

Resumen

Las empresas públicas bolivianas requieren una transformación que vincule sostenibilidad financiera, cumplimiento de su finalidad social y conducción profesional. Este artículo analiza el diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública en agosto de 2026 y plantea que las decisiones de continuidad, reorganización o liquidación deben complementarse con una evaluación verificable de la dirección estratégica, la gestión empresarial competitiva, la modernización y la capacidad gerencial. El análisis adopta una perspectiva de gestión empresarial que articula gobierno corporativo, sostenibilidad y valor público, sustentada en evidencia documental y criterios de evaluación, sin atribuir responsabilidades ni establecer relaciones causales no demostradas. Se realizó una revisión documental cualitativa del informe proporcionado, sus limitaciones declaradas, noticias institucionales periodísticas de 2026 y directrices internacionales de gobierno corporativo. Se distinguieron resultados observados, estimaciones condicionadas y recomendaciones de intervención. El documento principal comprende sesenta y seis empresas, aunque el universo institucional mencionado es de sesenta y siete, y recomienda treinta y tres continuidades, diecisiete reorganizaciones y dieciséis disoluciones o liquidaciones. Las empresas recomendadas para reorganización concentran el mayor porcentaje del pasivo reportado. Por ello, el debate exclusivamente centrado en cerrar empresas deja insuficientemente atendida la transformación de organizaciones con mayor exposición financiera. La revisión reconoce que el diagnóstico incorpora dimensiones operativas, justificación estratégica y referencias a gobernanza. No permite sostener que estas materias fueron totalmente omitidas, porque parte de los anexos metodológicos y las fichas individuales no integra la copia disponible. Sin embargo, en el cuerpo examinado no se presenta una evaluación específica y comparable de competencias directivas, procesos de selección por mérito, autonomía de decisión ni ejecución de estrategias comerciales. Esta limitación justifica ampliar el análisis antes de convertir una clasificación financiera en una decisión definitiva sobre el futuro empresarial. Se propone una evaluación gerencial complementaria que examine la calidad del modelo de negocio, el conocimiento del mercado, la productividad, la gestión de riesgos y la capacidad de cumplir compromisos. La meritocracia debe traducirse en concursos transparentes, perfiles pertinentes, evaluación práctica, prevención de conflictos de interés y permanencia condicionada a resultados comprobables. Los directorios deben conducir la estrategia y supervisar a la gerencia, mientras el Estado explicita sus objetivos de propiedad y financia de manera transparente las obligaciones de servicio público que impone. La modernización debe integrar procesos, información confiable y capacidades humanas, evitando identificarla únicamente con adquisición de equipos o sistemas. La propuesta organiza la intervención en etapas de saneamiento informativo, selección profesional, ejecución de un plan empresarial y evaluación pública de resultados. Cada empresa debe fijar indicadores financieros, operativos, comerciales y sociales con línea de base, responsables y metas consistentes con su sector. Las alternativas de recuperación deben compararse con sus costos y riesgos, los apoyos estatales deben tener límites, condiciones y revisión periódica. Cuando la recuperación no resulte defendible, corresponde evaluar una salida ordenada con protección de derechos laborales y continuidad de servicios esenciales. Se concluye que profesionalizar la conducción empresarial es una condición necesaria, aunque insuficiente por sí sola, para mejorar el desempeño público. La reforma requiere combinar mérito, autonomía responsable, control y decisiones sustentadas en evidencia, reconociendo restricciones sectoriales y obligaciones sociales. Su aporte consiste en transformar el diagnóstico en una agenda de gestión verificable, útil para preservar valor público y evitar que nuevas estructuras reproduzcan los problemas existentes en beneficio de la ciudadanía.