EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN BOLIVIA, 2015–2024

Resumen

La corrupción constituye un problema institucional que puede debilitar la confianza ciudadana, afectar la legitimidad de las instituciones y dificultar la administración transparente de los recursos públicos. Su estudio presenta desafíos porque los actos corruptos no siempre se denuncian, investigan o registran de manera uniforme. Por ello, los indicadores de percepción ofrecen una aproximación complementaria para observar cómo se valora la corrupción del sector público a lo largo del tiempo. El objetivo de este artículo es analizar la evolución de la percepción de la corrupción en Bolivia durante el periodo 2015–2024, utilizando las puntuaciones del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional. La investigación adopta un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, con diseño no experimental y longitudinal retrospectivo. La información se obtiene de publicaciones y datos históricos de Transparencia Internacional, y se organiza en una matriz anual para facilitar su comparación. El procedimiento contempla la revisión de las puntuaciones disponibles, la elaboración de una tabla, la representación gráfica de la serie y el cálculo de la diferencia entre el valor inicial y el final del periodo. El IPC utiliza una escala de cero a cien puntos: una puntuación más baja indica una percepción de mayor corrupción en el sector público, mientras que una puntuación más alta indica una percepción de menor corrupción. Según los datos consultados, Bolivia obtuvo 34 puntos en 2015 y 28 puntos en 2024, lo que representa una disminución de seis puntos en el periodo. La trayectoria no fue uniforme: se observaron descensos, estabilidad temporal y recuperaciones parciales, sin que estas últimas se mantuvieran hasta el cierre del periodo. La puntuación de 2024 confirma que el país permaneció en un nivel bajo dentro de la escala del índice, aunque esa puntuación no debe interpretarse como una medición directa del número de delitos de corrupción. Los resultados permiten describir un deterioro general de la puntuación boliviana durante la década analizada. Sin embargo, el diseño descriptivo no permite identificar las causas de los cambios ni establecer una relación causal con decisiones gubernamentales, condiciones económicas o acontecimientos específicos. Asimismo, el IPC combina fuentes y evaluaciones relacionadas con la percepción de expertos y empresarios; por tanto, sus resultados reflejan una dimensión particular del fenómeno y no sustituyen los registros de denuncias, investigaciones judiciales, sentencias o auditorías. El análisis también muestra la utilidad de mantener una serie temporal consistente, consultar la metodología del indicador y diferenciar las puntuaciones de las posiciones en el ranking internacional, ya que el número de países evaluados puede variar entre ediciones. Se concluye que el IPC constituye una herramienta útil para describir la evolución de la percepción de la corrupción en Bolivia, siempre que se reconozcan sus límites. Para profundizar el estudio, futuras investigaciones podrían complementar el índice con información oficial sobre transparencia, control gubernamental, procesos judiciales e irregularidades administrativas. Esa triangulación permitiría aproximarse al fenómeno desde distintas fuentes, sin asumir que la percepción equivale a la incidencia real de la corrupción ni que las puntuaciones permiten cuantificar pérdidas económicas. El artículo aporta una síntesis descriptiva accesible y replicable que puede servir como punto de partida para estudios posteriores sobre integridad pública y rendición de cuentas en Bolivia. También puede orientar debates académicos sobre la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos preventivos de las instituciones del Estado boliviano en el contexto nacional.